jueves, 14 de septiembre de 2006

El PSOE desde la proclamación de la Segunda República hasta la aprobación de la Constitución de 1931

El PSOE desde la proclamación de la Segunda República hasta la aprobación de la Constitución de 1931
Por Francisco Arroyo Martín
Agrupación Socialista de Leganés


[Conferencia impartida en la Agrupación Socialista de Leganés con motivo del 75º aniversario de la II República]

Leganés, 19 de abril de 2006


75º ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

Presentación

Quiero empezar mi intervención agradeciendo a la compañera que ha decidido donar esta bandera, este símbolo de lucha, de compromiso y de fraternidad, a nuestro partido, y, en concreto, a la Agrupación Socialista de Leganés. Tenemos que felicitarnos por ello, y también tenemos que seguir trabajando de forma tenaz y constante para que colectivamente sepamos y podamos estar a la altura de todo lo que representa esta bandera; estoy seguro de que conjuntamente podemos conseguirlo.
Acto seguido, y siguiendo con el capítulo de agradecimientos, lo quiero expresar en este momento hacia nuestro Secretario General por la invitación que me hizo a participar en este acto, para el cual, además, me pidió que preparara una pequeña alocución relacionada con el hecho sustancial que hoy nos ha juntado aquí: la recuperación para el colectivo del Partido Socialista Obrero Español de un emblema de la historia del movimiento obrero de nuestro país y la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española.
Yo he hablado numerosas veces en este foro; unas veces como cargo político, otras como cargo orgánico y otras como militante. Mis intervenciones han sido para dar gestión, presentar programas y propuestas, analizar diferentes situaciones y acontecimiento del devenir de la actualidad política, preguntar, contestar, apoyar unas veces, criticar otras, aportar ideas y sugerencias en programas, ... En definitiva, nada más que lo que cualquier activo del partido hace habitualmente en nuestra agrupación. Pero en este acto voy a hablar de Historia; por primera vez hablo en esta casa, en mi casa, en la Casa del Pueblo de Leganés, de Historia; y para mí es una verdadera satisfacción. ¿Por qué? Puede que alguno de vosotros os lo preguntéis; y quiero contestaros que yo, con humildad y modestia, me considero ante todo un aprendiz de historiador, como saben aquellos que bien me conocen. Por eso reitero mis agradecimientos y mi satisfacción por haber tenido la oportunidad de participar en este acto.
Comentaba hace un momento que lo que hacemos en este acto es en sí la recuperación para el colectivo del PSOE de un emblema, de una insignia, de una divisa de una parte de la historia del movimiento obrero de nuestro país. Si este acto se sometiera al análisis frío y aséptico de un observador externo, posiblemente concluiría de esta forma:
“Estos socialistas de Leganés están un poco locos: si hay más de 500 banderas en el almacenillo, ¿Qué importa una más?”
Si de forma fría y aséptica el acto en sí mismo no tiene especial significación, ¿Por qué la tiene para todos nosotros? Además estoy seguro de que ninguno nos emocionaríamos porque el inventario de banderas de la agrupación aumente en una más; entonces ¿Por qué para todos los que estamos aquí hoy, este acto es importante?
La respuesta hay que buscarla en que lo que da sentido a la izquierda como pensamiento político no son los partidos, ni las propuestas más o menos acertadas, ni las personas que dirigen las organizaciones políticas; nada de eso por sí solo explica que nosotros nos sintamos herederos de un acerbo cultural y político que nos identifica, interna y externamente, como compañeros frente a otras concepciones políticas. La razón última es la pervivencia en el tiempo de unos valores que constituyen la esencia del pensamiento político de izquierdas; y que, a pesar de los cambios, transformaciones y novedades que se han producido en los hombres y mujeres y en las sociedades que forman, perviven en el intelectual colectivo y dan sentido a nuestra actividad por mucha mutación que se produzca.
Ante estas mudanzas, estos valores necesitan verse reflejados en símbolos, que, en algunos casos, pueden desembocar incluso en mitos que faciliten la identificación colectiva de los valores gregarios. Así, esta bandera que hoy recibimos ha dejado, en este acto, de tener exclusivamente un valor privado, emotivo y sentimental (¡ojo!, que no es poco), y adquiere, en este mismo acto, una trascendencia colectiva, evocativa y simbólica. La bandera pasa de ser una mera enseña de un grupo de trabajadoras más o menos organizado, a convertirse en un símbolo de cómo la lucha obrera se mantuvo con pulso, viva, aún en las peores circunstancias.
Pero para que los símbolos puedan cumplir el papel de aglutinante, se precisa que sean conocidos y valorados. Por eso, y dado que en el acto de hoy también conmemoramos el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, periodo histórico que es, igualmente, un símbolo de la izquierda y del movimiento obrero, he creído conveniente centrar el contenido de esta charla en el papel que jugó nuestro partido, el PSOE, en los primeros meses de esta apasionante etapa de la historia de España.
Introducción. La Segunda República: El PSOE entre la revolución o el reformismo
Para la izquierda política de nuestro país, la Segunda República representa uno de los momentos más trascendentales de su historia. Por primera vez los partidos obreros llegaban al poder en España, y, además, lo hacían por medios democráticos y con una revolución incruenta que produjo un cambio de régimen político.
Evidentemente este hecho marcará el devenir de los partidos de izquierda, y, en concreto, el del PSOE. Desde el origen del partido se aprecian dos líneas de actuación por parte de sus dirigentes, a las que podríamos resumir como vía revolucionaria y vía reformista. En el periodo que vamos a analizar encontraremos la expresión más genuina de esta dicotomía. Durante el bienio reformista (1931-1933) hallaremos que el partido socialista se posiciona dentro de un claro y decidido reformismo. Veremos que, lejos de forzar situaciones revolucionarias, el PSOE, principal partido obrero del momento, gobierna con partidos republicanos burgueses; y desde el gobierno tendrá que enfrentarse a la acción política del PCE, que en esos momentos era un partido de muy corta afiliación pero tremendamente organizado; y también tendrá enfrente a la entonces muy poderosa CNT; ni siquiera el apoyo incondicional de la UGT le sirvió para atemperar el desgaste de estos años.
Posteriormente, después de que la derecha conquistara el poder en las elecciones de 1933, el PSOE da un profundo giro en su política y se desvincula de las opciones moderadas, convirtiéndose en el principal impulsor de las Alianzas Obreras, que generarán el movimiento revolucionario de 1934.
Tras el fracaso de los movimientos de noviembre de 1934, y tras la dura represión que les siguió, el PSOE abandonó definitivamente las veleidades revolucionarias y apostó por el posibilismo político; a la unidad revolucionaria si bien, durante mucho tiempo y en muchas ocasiones, se escondía debajo de unos planteamientos cargados de radicalismo. Esto es algo que se puede apreciar en la formación del Frente Popular. La derecha reaccionaria se había aglutinado en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), y parecía que sólo la unidad del resto de fuerzas políticas (democristianas, progresistas, republicanas, nacionalistas, radicales y obreras) podía vencerla. Así se formó el Frente Popular: variopinta coalición política, en la que convivían desde el POUM, hasta partidos republicanos burgueses, pasando por el PSOE y el PCE, que dio lugar a una formación muy radicalizada en los mensajes, pero con un programa muy moderado de corte republicano, que, por desgracia, no pudo ni tan siquiera iniciarse por el golpe militar de Franco en 1936.
Desde la proclamación hasta la aprobación de la Constitución (1931)
El 13 de abril de 1931 se comienzan a conocer en toda España los resultados de las elecciones municipales del domingo 12; y ese mismo día por la tarde las gentes se lanzaron a la calle en el sentido exacto del término: todas las localidades se convirtieron en un hervidero de gente y noticias. En casi todas las ciudades y pueblos se produjeron actos de afirmación republicana, que, en la mayoría de los casos, consistían en concentraciones pacíficas; las acciones de mayor “violencia” consistieron en arrancar las placas de las calles con nombres monárquicos (del tipo: calle Real, avenida de Alfonso XIII, etc.).
Fue una localidad vasca, guipuzcoana a más señas, la primera en proclamar la República, concretamente a las seis de la mañana del día 14 lo realizan los concejales republicanos de Eibar; después le seguirían muchas más: Barcelona, Zaragoza, Sevilla,... El cambio de régimen culminaría con la precipitada salida del rey Alfonso XIII ese mismo día, y con el discurso de Alcalá Zamora en Madrid, a las nueve de la noche, anunciando a los españoles la Segunda República.
La proclamación
Pero vamos a ver cómo se sucedieron los acontecimientos políticos. En primer lugar hay que señalar que la monarquía entró en el año 1931 con una profunda crisis social y política, agudizada por el fracaso político de la dictadura de Primo de Ribera y por la crisis económica mundial de 1929. Aquí algunos de los temas candentes: en la modelo de Barcelona estaba encarcelado todo un “gobierno provisional de la república” que salió de la reunión que el autodenominado “comité revolucionario republicano” tuvo en San Sebastián a finales de 1930; el gobierno monárquico quería fusilar (como lo hizo al final) a los capitanes Galán y García Hernández por la sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, creando así los primeros mártires de la II República; los monárquicos exigían una elecciones para la formación de unas cortes constituyentes, las cuales rechazaban frontalmente los republicanos y los socialistas; el gobierno dimitirá en bloque el 14 de febrero de 1931, … Ante esta situación el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar (último presidente de la monarquía) convocó unas elecciones municipales para el 12 de abril a las que seguirían una elecciones generales de carácter constituyente.
Señalar que el PSOE, y el resto de partidos republicanos, decidieron participar en las elecciones, aunque no pensaban reconocer a los ayuntamientos resultantes de las mismas, ya que consideraban que la manipulación electoral imposibilitaría el acceso a las ciudades importantes de los partidos obreros y republicanos.
Lo cierto es que el juicio de los sucesos de Jaca y el realizado al “comité revolucionario” (13 y 20 de marzo), se convirtieron en cajas de resonancia del programa republicano, mientras que los sectores monárquicos, con profundas diferencias entre sus principales dirigentes, no supieron reaccionar a tiempo.
Los resultados fueron sorprendentes para todos:
o 67 % de participación, lo que desmiente el abstencionismo monárquico.
o 50,83 % de concejales monárquicos; 49,17 de antimonárquicos (si bien los resultados estaban distorsionados por el artículo 29 de la Ley Electoral que favorecía a los candidatos oficialistas del gobierno).
o En 44 capitales de provincia vencen las candidaturas republicanas, frente a las sólo 8 en las que lo hacen las monárquicas (Lugo, Burgos, Soria, Ávila, Pamplona, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca).
Ante esta situación, la derecha se vio desbordada por los acontecimientos. Y tras la proclama de Eibar, se precipitan las promulgaciones republicanas en los balcones de ayuntamientos y diputaciones: la gente está en la calle, nadie parece trabajar ese día, se producen innumerables concentraciones y manifestaciones populares, espontáneas y pacíficas. Sin duda alguna, esta situación amedrenta al rey que, ese día 14, a las once de la mañana, ordena al conde de Romanones que prepare el traspaso de poderes y la salida de la familia real con Alcalá Zamora. Romanones pretendía conseguir unas semanas donde se pudiera buscar una solución definitiva. Alcalá Zamora, que en esos momentos contaba ya con el apoyo de la Guardia Civil dirigida por el general Sanjurjo, y en uno de sus escasos momentos de clarividencia política, se mostró inflexible: el plazo para la salida de Alfonso XIII será esa misma noche (en concreto antes de la salida del sol del día 15). Igualmente, Alcalá Zamora, en unos de sus abundantes momentos de acierto en la gestión, exigió legitimar el traspaso de poderes: el rey traspasaría todos los poderes al gobierno actual del almirante Aznar; y éste los traspasaría, al día siguiente, a los nuevos mandatarios.
Esta reunión acabó a las dos y media. A las seis se reunió el último Consejo de Ministros de la monarquía, que se celebró en el Palacio Real de Madrid[1]. Con tan sólo la oposición de De la Cierva se aprobó el traspaso de poderes con un discurso de Alfonso XIII que comenzaba así: “Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que hoy no tengo el amor de mi pueblo […]”. Inmediatamente partió hacía Cartagena, de donde saldría el barco con destino a Francia.
De todas formas, el traspaso de poderes no se produjo de la forma acordada. El Comité Revolucionario, presionado por las masas que inundaban todo el centro de Madrid, había decido hacerse formalmente con el poder sin esperar al traspaso acordado. Así, a las ocho de la tarde, el que ya se denominaba “gobierno provisional de la república”, llega al ministerio de gobernación en la Puerta del Sol. En la entrada, la Guardia Civil que protegía el edifico le presenta armas; después, Miguel Maura realiza la primera acción del gobierno provisional: la destitución telefónica de los gobernadores civiles de toda España.
A las nueve de la noche, en un discurso radiado, Alcalá Zamora anunciaba a los españoles el cambio de régimen; decía: “[…] la segunda república española se ha instaurado por un acto de soberanía popular, pacífico y ejemplar […]”
El PSOE fue un elemento determinante para que la proclamación de la república se hiciera como se hizo, pues siendo el partido obrero y de masas más importante del momento, y contando entonces con la UGT como la principal fuerza sindical, la presión popular pudo ser canalizada y sustentada. Los representantes del partido en el “comité revolucionario” defendieron que era preciso hacerse con el poder independientemente de las formalidades legitimadoras, pues era la voluntad popular quien lo legitimaba. Su participación en el “gobierno provisional” se realizó según los acuerdos de la declaración de San Sebastián.
El gobierno provisional
El gobierno provisional estaba formado según los acuerdos del Pacto de San Sebastián, y conformaba una amplia coalición de partidos republicanos que abarcaban todo el arco ideológico:
o Presidente: Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana).
o Estado: Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical).
o Gobernación: Miguel Maura (DLR).
o Justicia: Fernando de los Ríos (Partido Socialista Obrero Español).
o Guerra: Manuel Azaña (Acción Republicana).
o Marina: Santiago Casares Quiroga (Organización Republicana Gallega Autonomista).
o Fomento: Álvarez de Albornoz (Partido Republicano Radical Socialista).
o Economía: Nicolau d’Olwer (Partit Catalanista Republicà).
o Hacienda: Indalecio Prieto: (PSOE).
o Trabajo: Francisco Largo Caballero (PSOE)[2].
o Instrucción Pública: Marcelino Domingo (PRRS).
o Comunicaciones: Diego Martínez Barrio (PRR).
Como se puede apreciar, el conglomerado de partidos era ya muy grande, en concreto de siete partidos; pero en algunos casos, estos partidos eran representantes de otras alianzas de partidos o de opciones políticas territoriales. Así, Acción Republicana representaba a una pequeña coalición de grupúsculos organizados en Alianza Republicana; los partidos autonomistas gallego y catalán, a su vez, representaban otras opciones federalistas y autonomistas. En conclusión, era un gobierno complejo que, además, no contaba con un programa de gobierno definido[3]. El PSOE, si bien renunció, en favor de la unidad republicana, a la presidencia del gobierno que le correspondía, asumió tres carteras de vital importancia: Trabajo, que debería acometer la reforma agraria, problema básico entonces; Justicia, que debería garantizar el ordenamiento jurídico y la aplicación de las reformas; y Hacienda que debería buscar los recursos necesarios para llevar a buen puerto las nuevas iniciativas legislativas.
El PSOE era el partido con más miembros en el gobierno, pero su papel como garante del proceso era mucho mayor. Se trataba de un partido muy regularmente implantado en todo el territorio del Estado; contaba con más de 25.000 afiliados, lo que implicaba ser el mayor partido de masas del momento. Además la Unión General de Trabajadores, con cerca de 300.000 afiliados al inicio del año 1931 que se convertirían en cerca de 1.000.000 a finales de año, en esos momentos participaba de una misma directriz política, lo que posibilitó que la naciente república pudiera soportar los duros ataques a que se vio sometida desde la derecha reaccionaria y desde la izquierda revolucionaria.
En este caso, el reformismo político y el posibilismo en la gestión, fueron las opciones que imperaron dentro del partido. De todas formas el debate dentro de la organización era muy fuerte y con posiciones muy extremas que obligaron, incluso, a la convocatoria de un congreso extraordinario.
Pero no adelantemos acontecimientos; veamos primero cómo era la España republicana.
La España del 15 de abril, los retos republicanos
La situación económica del país se encontraba en una fase de transición. El modelo de crecimiento económico de la dictadura de Primo de Ribera, basado en el proteccionismo y en fuertes medidas arancelarias, estaba agotado y con claros signos de recesión que imposibilitaban mantener la positiva balanza comercial con el exterior. Además, los efectos de la crisis mundial de 1929, comenzaban a sentirse en las economías internacionales. Parece que era imprescindible iniciar una política destinada a aumentar el mercado interno. Pero las raquíticas condiciones productivas de la industria, muy dependiente de la maquinaria y de elementos manufacturados externos; la falta de capitalización (a modo de ejemplo señalar que Telefónica, que era la sociedad anónima más importante del país, era controlada en su totalidad por una empresa extranjera, la ITT); las insuficientes redes de transporte y comunicaciones; la atomización industrial; la falta de una estructura financiera estable; la baja productividad laboral; etc., lo convertían poco menos que en una misión imposible.
Pero con todo, el principal problema lo constituía la estructura de propiedad agrícola. Sirva el dato: Galicia contaba con 14.500.000 fincas que ocupaban 2.000.000 de hectáreas; Andalucía occidental, 4.000 fincas para 2.500.000 de hectáreas. Las dos opciones eran nefastas: en el norte apenas se obtenía suficiente para mantener a los campesinos que trabajaban las fincas; y en los latifundios del sur el monocultivo, el absentismo de los propietarios y la desviación de los capitales, ofrecían cada vez menos posibilidades a los agricultores y trabajadores agrarios. Las condiciones de vida de gran parte de los jornaleros andaluces, extremeños y castellanos, se podrían calificar de miserables. Cerca de 4.000.000 de personas vivían de la actividad agraria[4], y para más de 3.000.000 de ellas, la modificación de las estructuras de producción y propiedad agrarias era vital.
Otra dificultad con que se encontró el gobierno de la república fue la conflictividad obrera. Se calcula que existían 2.500.000 de obreros industriales y 1.500.000 de pequeños empresarios, comerciantes, artesanos y funcionarios. Los trabajadores industriales, y buena parte de los agrícolas, se encuadraban dentro de las dos grandes centrales sindicales: UGT y CNT; esta última mantuvo durante este tiempo una gran beligerancia contra la república y sus gobiernos, a los que consideraba poco menos que sicarios del capitalismo. UGT, por el contrario, siempre se alineó con las distintas políticas que ejerció el PSOE, aunque presionó para que modificara el colaboracionismo inicial con los partidos burgueses por la unidad revolucionaria con los partidos y organizaciones obreras.
Otros problemas claves del momento eran la Iglesia y el Ejército. La jerarquía católica se mostró contraria al nuevo régimen y a sus órganos de gobierno, a los que consideraba como meros usurpadores del legítimo poder; aparte del anticlericismo tradicional del PSOE, había que añadir incluso el de los partidos republicanos más moderados. El principal problema estaba en que la práctica totalidad de la educación (muy deficitaria) estaba en manos de las órdenes religiosas. El ejército estaba fuera de control y totalmente desestructurado debido a las veleidades imperialistas de la década anterior en el norte de África; esta situación de guerra había generado un ejército con 200 generales, 17.000 oficiales y 100.000 soldados.
No hay que olvidar la situación de las nacionalidades. El nacionalismo catalán, vasco y gallego, por este orden, pugnaban entonces por conseguir estatutos de mancomunidades con autonomía política. En Cataluña existían varios partidos nacionalistas de todas las opciones ideológicas; no ocurría esto en el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco, de tendencia democristiana, era hegemónico si exceptuamos a los carlistas que en esos momentos defendían los tradicionales fueros; en Galicia los partidos nacionalistas eran mucho más moderados, y, en general, los podríamos definir como de centro-derecha.
Las primeras medidas de gobierno
En primer lugar, hay que señalar la ausencia de un programa de gobierno común; ni tan siquiera existía un programa definido ni un acuerdo de mínimos o de líneas básicas de acción. Nada. Hay que recordar que el pacto de San Sebastián era una declaración de unidad de acción para el derrocamiento de la monarquía; sólo había un acuerdo tácito: aplazar las cuestiones fundamentales hasta las elecciones constituyentes. Este acuerdo era lógico; además el primer (o único objetivo) del gobierno provisional era consolidar el nuevo régimen republicano antes que hincar reformas estructurales del Estado. Ahora bien, la presión popular, las expectativas que se generaron y los anhelos de los distintos sectores, forzaron que se adoptaran decisiones de gran calado que, si bien debían ser refrendados en las futuras cortes, constituían de por sí toda una declaración de principios.
Además, la coalición republicana estaba descompensada, pues los partidos burgueses eran claramente mayoritarios en la composición del gobierno; con lo cual, en el debate de los meses anteriores a las elecciones de junio se decantaron por una “república conservadora”, frente a la “república popular” que postulaban los sectores obreristas del PSOE y de los sindicatos. En general, en estos meses se produjo un difícil equilibrio entre la tendencia conservadora de la mayoría del gobierno y la necesidad de dar respuesta a las demandas sociales, que de forma inmediata se trasladaron al gobierno.
Tras la toma del poder y la destitución de los gobernadores civiles, y la información a los cuarteles de la nueva situación política, las primeras medidas decretadas, la misma noche del día 14, fueron:
o Aprobación del “Estatuto Jurídico” del gobierno provisional:
o Elecciones constituyentes para el mes de julio.
o Libertad de cultos y creencias.
o Respeto a la conciencia individual.
o Respeto a las libertades y derechos ciudadanos.
o Sometimiento de los decretos del gobierno a las futuras Cortes.
o Garantía de la propiedad privada; si bien se reservaba el derecho de expropiación por causa de utilidad pública.
o Amnistía para todos los delitos políticos, sociales y de imprenta.
o Declarar el día 15 de abril no laborable.
o Declarar fiesta nacional el 14 de abril.
o Decretos de nombramientos de altos cargos de la administración (gobernadores de Madrid y Barcelona; subsecretarios, etc.).
En definitiva podía ser el “Estatuto Jurídico” un programa mínimo de gobierno, pero la falta de coordinación y de unidad política del gobierno derivó en una autonomía ministerial, en la cual cada ministro llevó a cabo el programa de su partido en esa área.
El primer problema con el que tuvo que enfrentarse el gobierno provisional lo había originado la declaración de Macià el mismo día 14, cuando proclamó la “República Catalana dentro de la República Federal Española”. En principio, no se trataba de una declaración unilateral de independencia, pero sí se trataba de una definición de modelo de república; lo que, aparte de incumplir el pacto de San Sebastián, generaba profundas diferencias entre los partidos que conformaban el gobierno provisional. En esta situación, tres ministros[5] se desplazaron a Barcelona para ratificar los acuerdos del pacto de San Sebastián: las Cortes Constituyentes aprobarían un estatuto de autonomía para Cataluña previamente aprobado por referéndum por los catalanes; además el modelo territorial del Estado debía establecerse en la futura Constitución. Macià aceptó la propuesta a cambio de que el gobierno central legalizara al gobierno de la “Generalitat”; este decreto se firmó el 26 de abril, en el viaje que en loor de multitudes realizó Alcalá Zamora a Barcelona.
En el País Vasco, a rebufo de Cataluña, se produjo una revitalización del sentimiento nacionalista, que culminaría el 14 de junio con una asamblea de alcaldes en Estella que aprobaron un estatuto que reconocía un “gobierno vasco vinculado a la República Federal Española”. La autonomía para el País Vasco no era bien vista por el gobierno central, ya que los partidos proponentes, PNV y tradicionalistas, no destacaban precisamente por su fervor republicano; además, en el PSOE se mostraban muy reticentes a este estatuto de Estella por el papel que se otorgaba a la Iglesia en la educación.
Pero, como hemos visto, el problema más acuciante era el agrario, tanto en relación a los sistemas de producción como al régimen de propiedad. El día 20 de abril se produce el primer debate en el seno del gobierno sobre este asunto, y se aprecian claramente dos posturas enfrentadas: los ministros socialistas exigen la adopción de medidas drásticas para poner todas las tierras de labor en producción, bien por parte de los dueños o de los trabajadores; por otro lado el resto del gobierno prefería contemporizar y realizar estudios técnicos que permitieran buscar soluciones efectivas. La controversia se resolvió con la decisión de actuar en temas concretos por decretos y dejar la reforma estructural para la futura Ley de Reforma Agraria. Así:
o El 28 de abril se aprobó el decreto de “términos municipales” por el que se obligaba a los propietarios a emplear trabajadores del municipio donde se ubicaran las fincas (decreto de difícil aplicación, sobre todo en épocas de recolección).
o El 29 de abril se aprobó otro decreto por el que se prohibía la rescisión de los contratos de arrendamiento (excepto por falta de pago).
o El 7 de mayo se aprobó el decreto del “laboreo forzoso” que obligaba a cultivar las tierras según el uso y costumbre del lugar; en caso contrario, el laboreo de las fincas se cedería a las organizaciones obreras de la localidad.
o En junio, por varios decretos, se estableció la jornada laboral de ocho horas; se fijaron salarios mínimos en las actividades agrarias; y se crearon los jurados mixtos del trabajo rural.
Como se puede apreciar, son medidas muy moderadas, pero fueron vistas por los propietarios agrarios con connotaciones revolucionarias, lo que generó una fuerte contestación por la oligarquía agraria. A esto se añadió una gran conflictividad social que se generó desde el momento en que la CNT no aceptó de ningún grado las medidas adoptadas, en especial la de los jurados mixtos, que en gran mayoría ocuparon militantes de la UGT (recordar que Largo Caballero era presidente de la UGT). Todos los decretos habrían de ser convalidados por la futuras Cortes de la república.
Como hemos visto Manuel Azaña tuvo la responsabilidad de acometer las necesarias y drásticas reformas que necesitaba el Ejército. El primer paso era reducirlo en tamaño; hacerle en verdad operativo para la defensa nacional, modernizar el armamento; mejorar las unidades, tanto en su estructura de mandos como en las técnicas militares;… A este fin se redactaron más de treinta decretos que serían ratificados en las cortes de septiembre. Destacar:
o El 22 de abril se exigía la promesa de fidelidad a todos los militares que quisieran seguir en activo. Aquellos que no prometieran fidelidad se les retiraría del servicio pero percibiendo el sueldo íntegro.
o El 25 de abril, se promulgó el decreto de Retiros, por este decreto 8.000 oficiales (cerca del 40%) optaron por la jubilación anticipada.
o Se redujo el número de divisiones, se suprimió el Consejo Supremo de Justicia Militar, lo mismo ocurrió con las capitanías generales y con la Academia General de Zaragoza[6], etc.
o Se creó el cuerpo de suboficiales, para los cuales se debía reservar un 60% de las plazas de oficiales de las academias (se buscaba descastar la oficialía).
Si bien se puede hablar que la mayoría de las medidas adoptadas fueron positivas, el éxito de la reforma del Ejército fue relativo, pues muchos jefes militares antirrepublicanos no tuvieron el menor reparo de jurar fidelidad a la República y seguir conspirando contra el Estado; y por el contrario mucho buenos y fieles oficiales se acogieron a los beneficios del decreto de Retiros. Pero quizás el mayor defecto estribó en que no se realizó ninguna reforma en el cuerpo militar encargado del orden público, en la Guardia Civil. Como veremos, en muchos casos las actuaciones de la Guardia Civil para sofocar la infinidad de conflictos sociales con los que tuvo que bregar la república, originaron más problemas de orden público que el conflicto en sí.
También es reseñable el esfuerzo que el gobierno provisional realizó en mejorar la muy deficiente educación del país. La educación pública era claramente insuficiente, se estimaba que se precisaban más de 27.000 nuevas escuelas para garantizar la escolarización. Así sí las primeras medidas se encaminaron a dotar al estado de recursos suficientes. Además si se quería romper el cuasi monopolio que sobre la educación tenían las órdenes religiosas había que dar salida a los escolares que estaban en estas instituciones. Las medidas más importantes fueron fueron:
o Declarar voluntaria la enseñanza religiosa (6 de mayo).
o Creación del Patronato de Misiones Pedagógicas (29 de mayo).
o Se crearon 7.000 plazas de maestro.
o Se aumentaron los sueldos de los maestros entre el 20 y el 40 por ciento (23 de junio).
o Se aprobó un plan para crear 6.570 escuelas entre 1632 y 1933 (16 de septiembre).
Forzosamente, estas medidas, y otras de similar calado, como eran la disolución de las órdenes religiosas y el cese de toda ayuda oficial del Estado a las instituciones religiosas, generaron un conflicto con la Iglesia Católica desde el mismo día de la proclamación. Esta situación generó un clima de inquietud que tuvo su mayor exponente en la “quema de conventos”. Lo cierto es que estos hechos se produjeron en una “jornada de lucha” convocada para el 11 de mayo en Madrid por la CNT y el PCE (fuerzas de poca influencia en la capital) ante los altercados que se produjeron el día anterior en un intento de asalto del edifico del “ABC” donde murieron dos personas (una de ellas un niño de 13 años). En esta “jornada de lucha”, sin saber cómo y sin que ninguna organización revindicara la autoría, a las diez de la mañana empezó a arder la residencia de los jesuitas de la calle de la Flor; acto seguido le siguieron varios edificios religiosos de Madrid. Al día siguiente los altercados se propagaron por varias ciudades; más de cien edificios fueron incendiados, si bien no hubo ninguna víctima. El gobierno de la república, después de varios titubeos, declaró el estado de guerra el día 12 por la tarde para sofocar este atropello. Nunca se repetirían hechos como estos en los años de la república.
Elecciones a Cortes Constituyentes
En medio de esta conflictividad social y política se produjeron las elecciones a Cortes el 28 de junio. Votó más del 70 % del censo, en el que se había rebajado la edad de voto a los 23 años pero en el que todavía no votaban las mujeres. Las candidaturas conjuntas de republicanos y socialistas obtuvieron una victoria casi total, sumando las formaciones afines y las situadas más a la izquierda alcanzaron el 90 % de la Cámara. Socialmente estos partidos representaban las clases medias burguesas (pequeños comerciantes, intelectuales, funcionarios, etc.), y las clases trabajadoras (obreros industriales y agrícolas). Se trataba de un éxito de los presupuestos republicanos, pero en su seno se escondían contradicciones que se manifestarían ineludibles a las pocas semanas. El partido socialista era la minoría más numerosa, si bien la agrupación de los partidos republicanos burgueses representaba la opción política mayoritaria.
El 14 de julio, en medio de una gran algarabía popular, Julián Besteiro fue elegido presidente de las Cortes. La composición de la Cámara quedó así:
El PSOE había convocado un congreso extraordinario, inmediatamente después de conocerse los resultados electorales, para debatir la participación en el nuevo gobierno. Gano la postura “colaboracionista”, defendida por Indalecio Prieto, por el 56 % de los delegados presentes en el Congreso. Besteiro, curiosamente, había defendido una posición mucho más crítica con la Alianza Republicana, ya que consideraba que algunos partidos que la conformaban, en concreto el radical de Lerroux, defendía los intereses de la oligarquía económica. En este congreso también se aprobó un programa mínimo para la nueva Constitución; si bien los apartados más comprometidos apenas fueron defendidos en los debates constitucionales.
Pero a pesar de la indiscutible victoria y del clima de euforia que se respiraba en estos días, la violencia iba a marcar los meses veraniegos. Sin apenas tiempo para ocupar los despachos, el nuevo gobierno se encontró con la huelga de telefónica promovida por la CNT. El apoyo del gobierno a la empresa alargó el conflicto todo el verano, lo que llevó en algunos momentos a que la central anarquista realizara numerosos actos de coacción y sabotaje, incluido la colocación de bombas en Madrid y Barcelona. En Sevilla, en el mes de julio, la conflictividad social originó varios enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil en los que se produjeron varias muertes entre los primeros. A partir de entonces la espiral de violencia no dejó de crecer: se aplicó “la ley de fugas” a cuatro presos comunistas; se tomó la ciudad por el Ejército y la Guardia Civil; se bombardeó con artillería varias casas; etc.
El debate de la Constitución republicana
En medio de este clima de violencia y crispación social, comenzaron los debates constitucionales. El 29 de julio se nombró una Comisión Parlamentaria de 21 miembros, que reflejaba la composición de la Cámara, cuyo presidente era el socialista Luís Jiménez de Asúa. Con sorprendente celeridad se elaboró una propuesta constitucional, que el propio Asúa la definió como “avanzada y de izquierda, pero no socialista”. La propuesta se presentó al plenario el 29 de agosto, apenas mes y medio después de constituirse las Cortes; el debate del articulado comenzó el 16 de septiembre.
Los puntos que generaron mayores dificultades y divisiones entre el bloque republicano fueron:
o Definición del Estado. Tras una votación muy ajustada (170 a 152) se recogió la propuesta socialista que definía al Estado como: España es una república democrática de trabajadores de todas clases que se organiza en régimen de libertad y justicia.
o Estructura del Estado. En el articulado se eludió la estructura federal por una ambigua formula que permitía los estatutos de autonomía: La república constituye un Estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones.
o Asignación de competencias y organización de las autonomías. Fuerte enfrentamiento entre los nacionalistas y radical-socialistas y el resto. El PSOE defendió, en general, que el Estado asumiera en exclusividad gran parte de las competencias, en especial aquellas que garantizaran derechos laborales.
o Voto de la mujer. En general la izquierda se mostró contraria a este derecho. Victoria Kent, de la formación radical-socialista, decía que las mujeres españolas eran incultas, retrógradas y conservadoras; fue otra mujer, Clara Campoamor, del partido radical, quien defendió la igualdad de derechos. El resultado de la votación fue de 160 a favor por 120 en contra.
o Propiedad privada. En este punto el partido socialista defendió el interés colectivo frente a la propiedad individual. El proyecto establecía la subordinación de la propiedad privada al interés de la economía nacional y reconocía la expropiación y nacionalización por interés social. Esto chocaba de frente con los intereses que representaban los partidos republicanos. Besteiro, en un discurso memorable, defendió el articulado diciendo que era la única vía que permitiría a los socialistas luchar por sus objetivos dentro de la constitución; de no ser así se les enviaba directamente al camino insurreccionad. Esta situación estuvo a punto de provocar la ruptura del gobierno debido a la intransigencia de Alcalá Zamora, pero por el momento pudo salvarse; lo peor estaba por venir.
o Iglesia. La aconfesionalidad del Estado fue aprobada sin problemas; pero no ocurrió lo mismo con el artículo (el 26) que se refería a la libertad de cultos. En este artículo se sometían todas las religiones a las leyes del estado, se prohibía la financiación pública de cualquier confesión, se establecía la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. Alcalá Zamora se mostró totalmente contrario a este artículo, y con la derecha reaccionaria posibilitaron una nueva redacción del proyecto a la que se opusieron los socialistas y los radicales-socialistas. La ruptura del bloque republicano parecía irremediable; Azaña, en una brillante actuación e intervención parlamentaria, intentó infructuosamente salvar el bloque republicano con una propuesta intermedia: disolución de las órdenes que tuvieran un cuarto voto de obediencia a una autoridad distinta al estado (los jesuitas); para las demás una ley especial que prohibiría que ejercieran la enseñanza. El artículo se aprobó con un amplio margen: 178 a favor contra 59, pero no evitó la ruptura: el 15 de octubre, Alcalá Zamora dimitió como presidente del Consejo de Ministros y Maura le acompañó.
El debate constitucional produjo una profunda herida, de la cual la República no supo, o no pudo, curarse, y sus cicatrices perdurarían a lo largo de los años. Además la crisis abierta por la cuestión religiosa, conjuntamente con la pretendida defensa de la “unidad de España”, fueron los principales argumentos que utilizó la derecha para vertebrar un discurso ideológico que le permitieron recomponer la unidad política.
La dimisión de Alcalá Zamora; Azaña presidente del gobierno.
La cuestión religiosa fue el detonante de la dimisión de Alcalá Zamora, pero no fue su única causa. La ruptura del bloque republicano se manifestó como inevitable en la elaboración de la Ley de Reforma Agraria, en la cual se vieron que los intereses de los grupos republicanos burgueses eran absolutamente incompatibles con los de los partidos de izquierda, en particular con el PSOE y los radicales-socialistas. El proyecto de Ley preveía expropiaciones por interés social, que en el caso de propietarios absentistas la indemnización se reduciría a la mitad, incluso llegaba a eliminarse en las propiedades de “origen feudal” (las de la nobleza y en especial de los Grandes de España). Para la derecha política, tanto la moderada como la reaccionaria, esto constituía una verdadera revolución, lo que hizo imposible la unidad gubernamental. De todas formas, la aprobación o revisión del proyecto de Ley de Reforma Agraria se pospuso a la aprobación de la constitución.
La crisis de gobierno fue resuelta por Besteiro en unas horas: Azaña se hacía cargo de la presidencia del Consejo y del ministerio de Guerra, Casares pasaba a ocuparse del ministerio de Gobernación, y Giral entraba en el gobierno como ministro de Marina.
El nuevo gobierno fue ratificando en general todos los decretos del gobierno provisional. Las principales leyes promovidas por ministros socialistas fueron:
o Ley de Defensa de la República (Fernando de los Ríos).
o Ley de Jurados Mixtos (Largo Caballero).
o Ley de Colocación Obrera (Largo Caballero).
o Ley de Asociaciones Profesionales (Largo Caballero).
o Ley de Intervención Obrera en la Gestión Industrial (Largo Caballero).
o Ley de Contrato de Trabajo (Largo Caballero)
o Ley de Ordenación Bancaria (Prieto).
Se aprueba la Constitución de la República Española
Tras la dimisión de Alcalá Zamora, el 15 de octubre, el debate constitucional fue a buen ritmo y el primero de diciembre estaba votado todo el articulado. El global del texto se votó el 9 de diciembre con un resultado de 386 votos a favor y ninguno en contra, si bien con 89 ausencias. Al día siguiente se elegía a Alcalá Zamora como el primer presidente de la Segunda República Española, con 362 votos a favor, 35 papeletas en blanco y 13 votos a favor de otros candidatos. Esta elección se había decidido el 2 de noviembre por los principales líderes de la coalición gubernamental. En esta reunión también se decidió prolongar las Cortes constituyentes hasta que se aprobara la legislación adicional al texto constitucional.
El problema estribaba entonces en la propia continuidad del bloque gubernamental. Los radicales de Lerroux consideraban que muchas medidas de gobierno tenían un carácter socialista que perjudicaban a amplios sectores de las clases medias; apostando por la salida del gobierno de los socialistas. Parece que Azaña participaba de esta opinión; pero las dificultades que en las cortes traería una decisión de este tipo cuando tocara aprobar la legislación complementaria y los presupuestos, le hizo modificar su postura.
Azaña dimitió el 12 de diciembre; el día siguiente, el presidente de la república encargó le encargó la formación del nuevo gobierno. Los radicales manifestaron públicamente su negativa a gobernar con ministros del PSOE, y, en consecuencia, su negativa a participar en el nuevo gobierno, si bien afirmaron que mantendrían el apoyo parlamentario a la coalición gubernamental.
El gobierno de Azaña presentaba en general pocos cambios y quedo conformado de la siguiente forma:
o Presidencia y Guerra: Manuel Azaña (AR).
o Estado: Luís Zulueta (independiente).
o Gobernación: Santiago Casares Quiroga (ORGA).
o Justicia: Álvarez de Albornoz (PRRS).
o Hacienda: Jaume Carne (AC).
o Obras Públicas: Indalecio Prieto (PSOE).
o Agricultura, Industria y Comercio: Marcelino Domingo (PRRS).
o Instrucción Pública: Fernando de los Ríos (PSOE).
o Trabajo: Francisco Largo Caballero (PSOE)
o Marina: J. Giral (AR)
El 17 de diciembre se presentó el nuevo gobierno que obtuvo el apoyo de todas las formaciones del bloque republicano. Se iniciaba el conocido como “bienio progresista” o “bienio reformista”
Epílogo
Después vendría:
o Castilblanco, Arrendó, Alto Llobregat…
o El ninguneo de los propietarios de fincas…
o Las conspiraciones. El alzamiento del 10 de agosto…
o El estatuto de Cataluña…
o La aprobación de la Ley de Reforma Agraria…
o La crisis económica…
o Casas Viejas…
o La reorganización de la derecha…
o La CEDA…
o Los titubeos fascistas…
o Las crisis de gobierno (Azaña, Lerroux, Martínez Barrios)…
o Las elecciones de 1933…
o La victoria de la derecha. El “bienio conservador”…
o Las insurrecciones anarquistas…
o La ley de Amnistía…
o El giro del PSOE hacia la revolución…
o La huelga campesina de junio de 1934…
o Los conflictos nacionalistas…
o El movimiento revolucionario de octubre de 1934…
o La represión…
o La Ley de (contra)Reforma Agraria…
o La crisis de la derecha, el “straperlo”…
o El Frente Popular…
o Las elecciones de febrero de 1936…
o La victoria del Frente Popular…
o Nuevo gobierno de Azaña, sin las organizaciones obreras…
o Azaña presidente de la República…
o De nuevo la Reforma Agraria…
o La traición de los militares, la insurrección de Franco…
o El fin de un sueño. El inicio de una pesadilla.
Pero, son otros capítulos y alguien las contará.
© Francisco Arroyo Martín. 2006

Para citar este artículo:
ARROYO MARTÍN, Francisco. El PSOE desde la proclamación de la Segunda República hasta la aprobación de la Constitución de 1931. http://franciscoarroyo.blogspot.com/. 14 septiembre de 2006.


[1] ¡Ojo! A 700 metros de la glorieta de Cibeles, donde, desde las cuatro de la tarde ondeaba la bandera republicana en el Palacio de Comunicaciones.
[2] También era presidente de la UGT
[3] Recordar que las elecciones del 12 de abril eran de carácter local, y que los partidos republicanos no participaron en ellas como opción de gobierno.
[4] 2.000.000 jornaleros y asalariados; 900.000 aparceros o arrendatarios; 1.000.000 de pequeños propietarios; y unos 100.000 medianos y grandes propietarios, de los cuales 10.000 eran importantes latifundistas que controlaban el destino de miles de familias.
[5] Marcelino Domingo (PRRS), Nicolau O’lwer (PCR), Fernando de los Ríos (PSOE).
[6] Recordar que, el ya general, Franco era el director del centro.

1 comentario:

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